Tras más de seis años de investigación, la red de corrupción judicial conocida como "Los Cuellos Blancos del Puerto" será llevada a juicio público. Esta organización criminal involucró a funcionarios judiciales, asesores del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), empresarios y abogados que colaboraron con Walter Ríos y César Hinostroza, exaltos funcionarios del Poder Judicial.

ACUSADOS Y DELITOS
El Ministerio Público presentó una acusación penal contra 46 personas, entre las que se encuentran Gianfranco Paredes Sánchez (asistente de Ríos), Nelson Aparicio Beizaga (asesor legal), y Verónica Rojas Aguirre (exjefa de la Unidad de Finanzas). Además, se incluyen empresarios como Mario Mendoza Díaz, Fernando Seminario Arteta y Rubén Nieto Mujica, entre otros.
La acusación abarca 113 hechos ilícitos y delitos como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, peculado, y corrupción pasiva, solicitando penas de hasta 34 años y cuatro meses de prisión para varios de los acusados.

CONDENAS SOLICITADAS
Para Gianfranco Paredes y John Misha Mansilla (exchofer de Ríos), la Fiscalía solicitó condenas de 34 años y cuatro meses. Por su parte, los exfuncionarios del Callao, Carlos Parra Pineda y Nelson Aparicio Beizaga, enfrentan pedidos de condenas de hasta 33 años, mientras que Verónica Rojas Aguirre podría ser sentenciada a 22 años y ocho meses.
Otros acusados, como los exasesores del CNM, Pablo Saúl Morales Vásquez y Miguel Ángel Torres Reyna, enfrentan penas de hasta 17 años. Además, la Fiscalía ha solicitado condenas de cinco años y dos meses para varios servidores judiciales, incluyendo a Erika Yáñez y Gino Villafuerte, mientras que algunos empresarios enfrentan penas de entre 4 y 14 años.
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PENAS PARA ABOGADOS Y SERVIDORES
Los abogados implicados en la red también enfrentan graves sanciones. Jacinto César Salinas Bedón y Marcelino Meneses Huayra se enfrentan a penas de 20 años, mientras que Víctor Maximiliano León Montenegro podría recibir 10 años de prisión.Por último, varias personas involucradas en la red, como Madijeht Henriquez Carrasco y Martha Sifuentes Siches, enfrentan penas de hasta cinco años, mientras que otros, como David Zapana Munarriz, enfrentan condenas de cuatro años y siete meses.
​Este caso representa uno de los mayores escándalos de corrupción judicial en Perú y refleja la complejidad de las investigaciones y las sanciones que se están buscando para aquellos involucrados.

Fuente: Diario La Republica

Impulsados por la Municipalidad de Los Olivos y la congresista María Acuña, se han presentado nuevos proyectos de ley para restablecer el servicio militar obligatorio con el objetivo de frenar la criminalidad y ofrecer alternativas para alejar a los jóvenes de redes delictivas. Estas iniciativas buscan integrar a jóvenes desempleados, sin estudios o con antecedentes judiciales, como una medida para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana.

PROYECTOS DE LEY EN DISCUSIÓN:
El Congreso ha recibido tres propuestas durante noviembre, reabriendo el debate sobre la obligatoriedad del servicio militar:

1. Proyecto de Ley 09589/2024-CR: Propone reservar el 20% de vacantes en escuelas e institutos de formación profesional de las Fuerzas Armadas, fortaleciendo así el servicio militar.
2. Proyecto de Ley 09640: Plantea modificar la Ley 29248 para establecer la obligatoriedad del servicio militar. La iniciativa es liderada por la congresista María Acuña Peralta.
3. Proyecto de Ley 09651: Propone restablecer el servicio militar obligatorio como medida preventiva contra la inseguridad, en coordinación con gobiernos locales.

Estas propuestas buscan mitigar la delincuencia juvenil, ofreciendo a jóvenes vulnerables un entorno estructurado que los aleje de las organizaciones criminales.

DEBATE EN EL CONGRESO:
El Congreso de la República y la sociedad peruana están divididos. Algunos sectores ven el servicio militar obligatorio como una solución efectiva para reducir la delincuencia juvenil. Sin embargo, según el Ministerio Público y el Poder Judicial, solo el 1% de los delincuentes son menores de edad y menos del 9% de los condenados tienen 18 años o menos.
A pesar de estas cifras, los promotores argumentan que el servicio militar podría ser una vía para ofrecer oportunidades laborales a jóvenes en situación de riesgo, reduciendo así su vulnerabilidad frente a las redes criminales.

PERSPECTIVAS Y PRÓXIMOS PASOS:
El debate sigue abierto, con las propuestas pendientes de evaluación en las comisiones del Congreso. Los defensores del proyecto destacan su potencial para generar inclusión social y mejorar la seguridad ciudadana, mientras que sus detractores piden un análisis profundo de los posibles impactos sociales y económicos.

CONCLUSIÓN:
El restablecimiento del servicio militar obligatorio es una propuesta que genera controversia en Perú. Si bien promete ser una herramienta para combatir la delincuencia, su eficacia y viabilidad continúan siendo objeto de discusión. La decisión final dependerá del análisis que realicen las autoridades legislativas en las próximas semanas.

​OLLAS COMUNES PROTESTAN FRENTE AL MIDIS
Un plantón frente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) puso en evidencia la reducción presupuestaria a las ollas comunes. Estas organizaciones, que garantizan alimentos a personas en pobreza extrema, se quejan de la decisión del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que redujo la ración por beneficiario a S/1.69.
Las madres protestaron buscando elevar esta cifra, recordando su demanda de al menos S/4.50 por ración para garantizar una alimentación nutritiva.

ÍNDICE DE POBREZA Y DESIGUALDAD PRESUPUESTARIA
En 2023, la pobreza monetaria en Perú alcanzó el 29%. Según Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima, los presos reciben S/4.50 por ración, incluyendo frutas y nutricionistas, mientras que las familias pobres deben enfrentar altos costos de movilidad y agua. Palomino criticó la afirmación de la presidenta sobre que S/10 serían suficientes para cocinar un almuerzo.
Edith Bautista, directora del Midis, informó que, aunque el presupuesto de programas sociales aumentó a S/601 millones, solo S/170 millones se destinan a ollas comunes, mientras que los comedores populares recibirán S/430 millones.

TRANSFORMACIÓN DE QALI WARMA A ‘WASI MIKUNA’
Desde abril de 2025, Qali Warma, que alimenta a más de 4 millones de estudiantes, se convertirá en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna. Según el Decreto Supremo N° 010-2024-MIDIS, esta transformación busca asegurar la inocuidad alimentaria mediante una gestión participativa comunitaria.
El ministro Julio Demartini afirmó que Wasi Mikuna proporcionará alimentación progresiva, adecuada a hábitos locales, sostenible y saludable para estudiantes de escuelas públicas. Además, la presidenta Boluarte anunció la ampliación del programa a estudiantes de secundaria, reiterando su lucha contra la corrupción: “Quien toque un solo sol del erario será expulsado de la gracia de Dios”.
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GOBIERNO EN CRISIS DE APROBACIÓN
El gobierno de Boluarte enfrenta una aprobación nacional del 3%. Pese a ello, la mandataria aseguró que culminará su mandato en 2026 "por la puerta grande".

Fuente:Infobae