Aprueban los “Lineamientos que regulan el Registro Nacional de Límites”

Disponen la publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28261, Ley que declara de necesidad y utilidad pública la recuperación integral del Complejo Arqueológico de Chan Chan y crea la Comisión Multisectorial, y su exposición de motivos

El 2 de julio de 2025, el Consejo de Ministros aprobó elevar la remuneración mensual de la presidenta Dina Boluarte de S/ 16 000 a S/ 35 568 (aproximadamente USD 10 000), un incremento del 125 %. Esta medida fue justificada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), comparando los sueldos con los de otros altos funcionarios del Estado y con mandatarios de la región.
Según el MEF, el reajuste responde a la Ley del Servicio Civil (Ley N° 30057) y a la Ley de Presupuesto 2025. La metodología utilizada incluye criterios de paridad de poder adquisitivo, sueldos ministeriales y estándares internacionales.
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RECHAZO CÍVICO Y POLÍTICO
El aumento provocó un “rechazo absoluto” desde diversos sectores. El líder de Acción Popular, Julio Chávez, criticó la reserva de documentos y anunció control político contra el ministro de Economía, calificando el acto como una falta de sensibilidad social. Desde Fuerza Popular, la medida fue tildada como “una cachetada a la realidad del país”, subrayando que el incremento debió aplicarse a partir de un nuevo mandato presidencial.
Exministros como Mercedes Aráoz coincidieron en que la decisión fue políticamente inoportuna. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, remarcó que el Congreso tiene facultad para anular el decreto y que hubiera sido sensato postergar el aumento.

ACCIONES LEGISLATIVAS: OCHO PROYECTOS DE LEY
En respuesta inmediata, se han presentado al menos ocho proyectos de ley en el Congreso para anular el Decreto Supremo N° 136-2025-EF. Estas iniciativas provienen de bancadas como Juntos por el Perú, Socialista y Perú Libre. La mayoría propone que el aumento solo se aplique a futuros presidentes o que se modifique la Ley Servir para establecer nuevos criterios salariales.

GRADO DE INSATISFACCIÓN PÚBLICA
Según encuestas recientes del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), un 94 % de los ciudadanos rechaza este aumento. Medios internacionales reportaron la noticia con titulares críticos, destacando el contraste entre el incremento y los niveles de pobreza en el país. La decisión se percibe como una afrenta frente a la difícil situación económica de millones de peruanos.
En redes sociales, el malestar fue inmediato. Muchos usuarios recordaron que Boluarte ya enfrentaba un clima de desaprobación generalizada y que este acto solo profundiza la distancia con la ciudadanía.

COMPARATIVA INTERNACIONAL Y TÉCNICA
El Gobierno argumentó que el nuevo sueldo coloca a la presidenta en un rango similar al de mandatarios de países vecinos. Por ejemplo, el presidente de Chile gana aproximadamente USD 13 000 mensuales, y el de Colombia, cerca de USD 11 000.
En el aparato estatal peruano, el nuevo sueldo de S/ 35 568 supera al de ministros (alrededor de S/ 30 000) y viceministros (S/ 28 000). También supera a los magistrados del Tribunal Constitucional y miembros de la Junta Nacional de Justicia, que perciben cerca de S/ 35 017.

RIESGOS POLÍTICOS Y SOCIALES
El incremento se produce en un contexto de alta conflictividad social, con protestas recientes, baja aprobación presidencial (cercana al 3 %) y escándalos como el “Rolexgate”. Para muchos, este aumento refuerza la narrativa de desconexión entre el Ejecutivo y la población.
Además, se teme que la medida estimule protestas o movilizaciones sociales, especialmente en regiones con alta desigualdad.

ESCENARIO POSTERIOR Y FUTURO
El Congreso podría aprobar alguna de las leyes que buscan dejar sin efecto el aumento. Si eso ocurre, el Ejecutivo estaría obligado a retroceder. También existe la posibilidad de que el Gobierno emita un nuevo decreto derogando el anterior si la presión social y política se intensifica.
Este episodio abre el debate sobre cómo deben fijarse los sueldos de altas autoridades del Estado: ¿por criterios técnicos o con sensibilidad política? La necesidad de reformas institucionales en materia de transparencia y responsabilidad pública se hace más urgente que nunca.

CONCLUSIÓN
El incremento salarial de la presidenta Dina Boluarte ha desatado una tormenta política y social. Aunque justificado técnicamente por el Ejecutivo, el momento elegido, el contexto de crisis y la forma en que se comunicó han generado una reacción de rechazo generalizado. El Congreso tiene ahora la palabra, y el país observa con atención.

Fuentes:
El Comercio
Infobae
La Nación
BBC
El País
Instituto de Estudios Peruanos (IEP)
Wikipedia