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Patricia Benavides descarta renunciar y denuncia ante el Congreso a Dina Boluarte y Alberto Otárola11/28/2023
“Pese a ello, el despacho de la Fiscal viene dando todas las facilidades al equipo de fiscales contra la corrupción a fin de que realicen todas las investigaciones dispuestas”, mencionó.
En lugar de ahondar y brindar explicaciones sobre los graves chats de su exasesor principal Jaime Villanueva, en donde pacta importantes votaciones al interior del Congreso de la República, deslizó que todo se trata de una represalia por la “investigación de casos de máxima relevancia en lo que los implicados son personas que van a intentar utilizar todo su poder para obstruir el avance de la justicia”. Incluso, aseguró que la fiscal Marita Barreto, a quien destituyó en la madrugada, es utilizada por quienes “no quieren ser investigados y tienen aún la capacidad de ejercer represalias contra la institución que represento”. “No permitiré que esa presión dañe e injerencia externa haga caer el trabajo de tantos fiscales comprometidos con esclarecer los hechos y encontrar a los verdaderos responsables”, agregó. En ese sentido, con gran sorpresa ante las constantes ampliaciones de la investigación y el poco avance en la recolección de las más de 300 declaraciones de testigos, anunció la presentación de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y los exministros del Interior por las muertes y agresiones durante las protestas antigubernamentales. “No se debe permitir la muerte de ningún peruano y el abuso de poder. No se puede permitir que se trate de dañar la imagen de fiscales honestos, por eso siempre hemos procedido conforme a la Constitución y la ley”, sentenció. ¿De qué delitos se acusa a la presidenta y ministros? En el documento, la fiscal de la Nación concluye que la mandataria es autora de homicidio calificado en agravio de Christopher Michael Ramos, José Luis Aguilar, Rosalino Flores Valverde, Sonia Aguilar Quispe y Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca, y de lesiones graves contra Renato Murillo Reyes. Mientras que al premier se le acusa, en su condición de ministro de Defensa, ser autor del presunto delito de homicidio calificado en agravio de Christopher Ramos Aime y José Luis Aguilar Yucra. En el caso de los exministros del Interior, a César Cervantes se le acusa de presunto autor del delito de lesiones graves en agravio de Renato Murillo Reyes; Víctor Rojas como autor de homicidio calificado en agravio de Rosalino Florez Valverde y Vicente Romero, recientemente censurado, de ser autor del delito de homicidio calificado contra Sonia Aguilar y Víctor Raúl Santisteban. De acuerdo al texto, el General Víctor Zanabria, exjefe policial de Lima, señaló que la presidenta nunca dio directivas para asegurar la vida e integridad de los ciudadanos que protestaban. ¿Qué sigue tras la presentación de la denuncia? De acuerdo al reglamento del Congreso, la denuncia será derivada inmediatamente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), la cual se encargará de “calificar la admisibilidad y procedencia en un plazo máximo de 10 días hábiles”. De aprobarse, la denuncia pasará a la Comisión Permanente en un plazo de 48 horas, después de los 10 días de evaluación en la subcomisión. Si procede en dicha instancia, regresa a la subcomisión para designar al delegado y recoger los testimonios y pruebas que sustenten la denuncia antes de continuar su curso hasta el pleno del Congreso. Una vez que llega al pleno se necesita del respaldo de 66 legisladores para ser aprobada. Si esto ocurre, se remite el caso a la Fiscalía de la Nación. Si no alcanza los votos, la denuncia se archiva. Dina Boluarte responde a denuncia en su contra A través de un pronunciamiento, la presidenta acusó a la titular de la Fiscalía de realizar una “deleznable maniobra política” e hizo un llamado al Congreso de velar por la “estabilidad del país”. “El gobierno siempre va a apoyar la gestión de jueces y fiscales honestos y competentes, somos enemigos de la corrupción e impunidad. En ese sentido, como siempre lo he expresado, mi gobierno ratifica su compromiso de lucha frontal contra la corrupción y esta debe ser sin injerencias ni presión política como se pretende hacer con esta deleznable maniobra política para cambiar la noticia de asuntos de corrupción que llegarían a la fiscal de la nación”, mencionó. En ese sentido, evidenció su extrañeza por la denuncia en su contra dado que fue notificada, hace algunos días, de que se ampliarían las diligencias por un plazo de ocho meses. “Es sospechoso y grave que se presente [la denuncia] luego de que los dos fiscales supremos eligieran la renuncia de la fiscal de la nación por los hechos ya conocidos”, agregó. Fuente: Infobae
La investigación sostiene que esta “cúpula delictiva”, instaurada en la alta dirección del Ministerio Público, tuvo como objetivo evitar que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituya a Patricia Benavides como fiscal de la Nación a cambio de presuntamente archivar denuncias contra congresistas. “Quienes habían instrumentalizando el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para beneficio propio, influyendo ilícitamente en decisiones discrecionales de Congresistas de la República para que estos mediante un procedimiento constitucional aprueben la remoción de los titulares la Junta Nacional de Justicia quien investiga a la titular del Ministerio Público y así evitar su destitución”, narra la investigación. Las pesquisas señalan que Abel Hurtado Espinoza, Jaime Villanueva Barreto y Miguel Girao Isidro, asesores de la fiscal de la Nación, habrían intercedio por ella ante congresistas de la República. “Dando como contraprestación a esa negociación ilícita la decisión de archivamiento de una investigación de carácter penal por presuntos actos de corrupción a sendos Congresistas de la República; estableciendo un programa criminal para abrir un camino a la permanencia de esta cúpula delictiva en la alta dirección administrativa y funcional del Ministerio Público”, agrega. NOMBRAMIENTO DE JOSUÉ GUTIÉRREZ COMO DEFENSOR DEL PUEBLO Las indagaciones además señalan que habría habido un acuerdo para la designación de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, pues ante la destitución de la JNJ, este alto funcionario presidiría una junta especial para designar a los nuevos integrantes de este órgano fiscalizador. “En la ruta ilícita también influyeron en la decisión parlamentaria del nombramiento del actual defensor del Pueblo, que constitucionalmente es quien preside una eventual comisión especial de selección de la Junta Nacional de Justicia”, narra las investigaciones. DESTITUCIÓN DE ZORAIDA ÁVALOS También indica que bajo esta figura se habría promovido “ilícitamente la inhabilitación” de Zoraida Ávalos como fiscal de la Nación en el Congreso de la República. “Han promovido ilícitamente la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, quien potencialmente podría ser la sucesora de la máxima autoridad del Ministerio Público, ello mediante un proceso constitucional en el Congreso de la República”, indica. Agrega que “influyendo en las decisiones de sendos parlamentarios y como contraprestación estos se vean favorecidos en las investigaciones pendientes de resolución en la Fiscalía de la Nación, acciones que se desplegaron una tras otra como parte del programa criminal para permanecer en el más alto cargo público y desde ahí someter la institucionalidad del Ministerio Público”. Fuente: Canal N |
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