El juez de investigación preparatoria Raul Justiniano Romero, a cargo del caso, programará una audiencia pública, dentro de las siguientes 48 horas, a fin de escuchar los alegatos de la Fiscalía y los descargos de la defensa de los investigados. El fiscal también incluirá en el pedido de prisión preventiva al alcalde Anguía, José Nenil Medina Guerrero, y los empresarios Hugo Yoni Espino y Angie Estefani Espino. Estas tres personas, junto con Yenifer Paredes, se encuentran detenidas en una dependencia policial desde el 9 y 10 de agosto, respectivamente. Los cuatro permanecerán detenidos hasta que se realice la audiencia y el juez tome una decisión. Si la Fiscalía no pide prisión preventiva, Paredes y sus amigos quedarán en libertad inmediatamente. La situación procesal de los otros dos cuñados del presidente de la República, David y Walter Paredes, y de la primera dama de la nación, Lilia Paredes, continúa en evaluación, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público. El equipo especial, que lidera la fiscal superior Marita Barreto, sospecha que la familia y los más cercanos colaboradores del presidente Castillo integran una organización ilícita. Esta organización criminal habría dirigido las licitaciones y adjudicaciones de obras públicas, entre junio y diciembre del 2021, a nivel gubernamental y diversas alcaldías de Cajamarca. Los indicios que apuntalan esta sospecha son la relación amical y laboral de Yenifer Paredes con el empresario constructor y gerente de la empresa JJM Espino & Construcción, Hugo Espino realizó a la residencia presidencial en Palacio de Gobierno. La empresa JJM Espino & Construcción ganó una licitación por 3,8 millones de soles para la remodelación de un colegio en la provincia de Cajatambo, Lima. En tanto, la empresa de su hermana Angie Espino, Destcon Ingenieros & Arquitectos S.A.C., se adjudicó diversos contratos por 2,1 millones de soles en contratos con los distritos cajamarquinos de Anguía, Chadín y José Sabogal. Tramitan habeas corpus El 9° Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima admitió a trámite una demanda de habeas corpus presentada por el abogado Víctor Manuel Vallejo Vásquez a favor de la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes Navarro. El demandante señala que Paredes sufre de COVID-19, por lo que no debería estar privada de su libertad y, en todo caso, debería otorgársele arresto domiciliario. Un hecho que el juez Raúl Justiniano Romero no habría advertido al ratificar su detención preliminar. Fuente: La República.
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Artículo 2. Alcances Se encuentran comprendidos en los alcances de la presente ley: 2.1. Como sujetos del sector público, independientemente del vínculo laboral o contractual que mantengan con la entidad pública: a) Los directores, titulares y altos funcionarios de las entidades públicas, así como los miembros de los consejos directivos, consultivos, tribunales administrativos, comisiones y otros órganos colegiados de dichas entidades que cumplan una función pública o encargo del Estado. b) Los directores de empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas o no en la actividad empresarial del Estado; o representantes de estas en directorios. c) Los funcionarios y servidores públicos que, por el carácter o naturaleza de su función o de los servicios que brindan, han accedido a información privilegiada o relevante y cuya opinión hubiera sido determinante en la toma de decisiones, respecto de las empresas o instituciones privadas comprendidas en el ámbito específico de su función pública o vinculadas a las actividades materia de competencia de la entidad. 2.2. Como sujetos del sector privado, independientemente del vínculo laboral o contractual que mantengan con la empresa o institución privada: a) Los titulares de más del 1% de acciones o participaciones de las personas jurídicas comprendidas en la Ley 26887, Ley General de Sociedades, y en el Decreto Ley 21621, Ley que norma la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, vinculadas a las actividades materia de competencia de la entidad pública, aun cuando dichas empresas o instituciones fuesen administradas por terceros a través de fiduciarias o similares. b) Los directores, representantes legales o apoderados, gerentes, asesores o consultores de las empresas o instituciones privadas a las que se refiere el literal a) del presente numeral, así como de las empresas o entidades a las que estas estén vinculadas, que se encuentren en ejercicio del cargo o que hayan dejado de ocuparlo con una antigüedad no mayor de un año. c) Los miembros de los órganos de dirección o de administración de las sociedades civiles u otras personas jurídicas sin fines de lucro vinculadas a las actividades materia de competencia de la entidad pública, que se encuentren en ejercicio del cargo o que hubieran dejado de ocuparlo con una antigüedad no mayor de un año. 2.3. En el reglamento de la presente ley, se detallan, según corresponda, los sujetos obligados a que se refieren los numerales 2.1. y 2.2. Sin perjuicio de ello, están incluidos, de manera enunciativa y no excluyente, como sujetos del sector público bajo los alcances de la ley los siguientes: a) Presidente y vicepresidentes de la República. b) Congresistas de la República, funcionarios del servicio parlamentario y asesores. c) Ministros y viceministros. d) Presidente y miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. e) Fiscal de la Nación y jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. f) Defensor del Pueblo y sus adjuntos; contralor general de la República y sus vicecontralores; magistrados del Tribunal Constitucional; miembros de la Junta Nacional de Justicia y del Jurado Nacional de Elecciones; jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil; superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y sus adjuntos; superintendente nacional de Registros Públicos y sus adjuntos; superintendente nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y sus adjuntos; y presidente del Banco Central de Reserva y sus directores. g) Gobernadores regionales y vicegobernadores, así como miembros de los consejos regionales y gerentes regionales. h) Alcaldes y regidores de los gobiernos locales y gerentes municipales. i) Miembros del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado. j) Titulares de las entidades, organismos públicos, programas y proyectos especiales. k) Secretarios generales, o quien haga sus veces, de entidades públicas. l) Directores generales, gerentes generales, jefes, coordinadores, asesores, supervisores y demás funcionarios que ejerzan cargos de confianza y que mantengan vínculo laboral o contractual con la alta dirección y órganos de línea. m) Servidores encargados de la formulación, aprobación o supervisión de normas y funciones sustantivas. 2.4. Las entidades del sector público, bajo responsabilidad de la máxima autoridad administrativa de las mismas, están obligadas a publicar y actualizar, en sus respectivos portales institucionales, la lista de sujetos obligados comprendidos en la presente norma. 
Rafael López Aliaga: solicitan al JEE su exclusión por presunta condición de “ebrio habitual”8/16/2022
“En los últimos años, el candidato Rafael López Aliaga, viene cometiendo una serie de actos que ponen en evidencia su condición de ebrio habitual, y, en consecuencia, su incapacidad para ser candidato a alcalde Metropolitano”, se explica en la misiva. En el documento se argumenta el pedido a través de un titular de un medio de comunicación en el que se da cuenta sobre que Rafael López Aliaga habría concedido una entrevista televisiva en estado de ebriedad. También se da cuenta sobre una intervención policial al candidato del 19 de marzo del 2021, en la que se la habría sometido a un control de alcoholemia. “La conducta del señor Rafael López Aliaga no guarda relación con la conducta apropiada que debe ostentar un eventual funcionario público, sino que, por el contrario, las evidencias muestran que tiene la condición de ebrio habitual, condición que, por obvias razones no le permitiría desarrollar las funciones propias de una autoridad edil, pues la toma de decisiones repercute en la sociedad en su conjunto”, explica Deny Aguilar Coral. En tanto, el ciudadano solicita su exclusión de la contienda electoral: “Esto justifica que los ciudadanos tengamos el derecho de conocer los rasgos de mayor relevancia del carácter de los candidatos, por la influencia que estas pudieran significar en dichas decisiones. (…) (ante lo expuesto) Debe ser excluido del presente proceso electoral, a fin de cautelar el futuro de la capital del país”. Por su parte, La República se comunicó con el abogado y experto en temas electorales Roy Mendoza, quien comentó respecto a la solitud de exclusión contra Rafael López Aliaga: “Eso no sustenta un pedido de exclusión, la norma expresamente señala que son causales de exclusión la omisión de información de los ítems 5, 6 y 8 en el formato de declaración jurada de la hoja de vida, eso hace alusión a omisiones de sentencia ya sean civiles, por violencia familiar, sentencias por alimentos, relaciones laborales, contractuales y hasta penales. También por omisión de bienes y rentas, estos tres ítems son muy específicos. También se señala como motivo de exclusión la falsedad de la información en la declaración jurada para el resto de items”. En tanto, el letrado explica que el destino de la solicitud sería ser admitido por el Jurado Electoral Especial, luego publicar su aceptación, pero se caería durante el proceso de evaluación y sería archivado: “No se considera el ebrio habitual, eso está más relacionado con la capacidad de ejercicio que tiene toda persona para realizar actos. Rafael López Aliaga ya ha sido inscrito en elecciones internas, ha participado y para el órgano electoral ya desplegó sus capacidades”. Finalmente, la solicitud de Deny Aguilar Coral registra como fecha de emisión el 15 de agosto del 2022, solo tres días antes de la fecha límite establecido por el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para recibir solicitudes de exclusión de candidatos. A partir del 18 de agosto, el JEE tiene 30 días hábiles para evaluar las exclusiones. A partir del 2 de setiembre se pueden resolver excusiones, pero ya no por las causales antes mencionadas, sino solo por sentencias condenatorias del Poder Judicial contra algún candidato. Y se pueden advertir hasta un día antes del día del proceso electoral. Urresti y López Aliaga lideran intención de voto para Lima Según la última encuesta de CPI, a dos meses de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, Daniel Urresti y Rafael López Aliaga continúan a la cabeza de las preferencias para ocupar el sillón municipal en Lima. Con una ligera ventaja se destaca el candidato de Podemos Perú. De acuerdo con la encuestadora CPI, el primer lugar lo ocupa Daniel Urresti (Podemos Perú) con un 22,8%, mientras que le sigue el empresario Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con un 21,5%. El resultado cuenta con un margen de error de +-2,8%, cuyo trabajo de campo se hizo entre el último 3 y el 10 de agosto. Fuente: La República. |
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