¡ALERTA NACIONAL! PNP OCULTA DENUNCIAS POLICIALES HASTA EL 2030 BAJO EL MANTO DE LA ‘RESERVA’

El 25 de agosto de 2025, la Policía Nacional del Perú (PNP) emitió la Resolución Directoral N° 009-2025-DIRTIC-PNP-SEC, mediante la cual declara como “información reservada” toda la información de denuncias contenida en dos sistemas clave: el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) y el Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal (SIRDIC).
La medida regirá durante cinco años, hasta el 2030. Se dispone que la Unidad de Recepción Documental de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la PNP adopte las acciones necesarias para el registro y custodia de esta información clasificada.

ARGUMENTOS OFICIALES Y FUNDAMENTOS LEGALES
La PNP justifica esta resolución afirmando que sin clasificar como reservada la información de denuncias se pondría en riesgo la función esencial de la institución: prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Además, sostiene que la seguridad ciudadana, la seguridad nacional y la estabilidad democrática son bienes jurídicos de interés nacional que podrían verse comprometidos si los datos fueran accesibles.
Dentro del procedimiento técnico-administrativo que precedió a la resolución participaron:

• La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la PNP, que emitió una Hoja de Recomendación el 20 de agosto de 2025.
• La Unidad de Asesoría Jurídica de la misma dirección, mediante un Dictamen del 18 de agosto de 2025.

RIESGOS PARA LA TRANSPARENCIA Y LA FISCALIZACIÓN
Para expertos, defensores de derechos humanos y órganos de prensa, esta resolución representa un serio retroceso:

• Viola principios constitucionales como la transparencia, el derecho al acceso a la información pública (Ley N° 27806) y la rendición de cuentas del Estado.
• Puede obstaculizar el seguimiento ciudadano, judicial y periodístico de denuncias de corrupción, abuso policial, violencia institucional o violaciones de derechos humanos, porque nadie podrá verificar datos esenciales durante este periodo.
• Genera suspicacias sobre posibles filtraciones o manipulaciones, dado que la medida se aplica sobre sistemas donde ya circulaba información considerada de interés público.

IMPLICACIONES TÉCNICAS E INTERNAS

• La custodia de la información reservada exige protocolos de seguridad de datos: cifrado, control de accesos, registro de usuarios, auditorías internas y medidas contra filtraciones.
• La clasificación “reservada” no es lo mismo que “secreta”: la ley contempla distintos niveles de restricción, pero exige justificaciones claras, plazos y mecanismos de acceso eventual.
• Es probable que la resolución enfrente cuestionamientos judiciales por vulnerar derechos reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú.

CONTEXTOS POLÍTICO Y SOCIAL

• La decisión ocurre en medio de crecientes reclamos ciudadanos por corrupción, abusos policiales y demandas de transparencia. Para muchos, la medida es un intento de cerrar el paso al escrutinio público.
• Organismos como el IPYS han advertido que estas directivas erosionan la confianza en las instituciones y limitan la democracia.
• Prensa y organizaciones de derechos humanos señalan que esto refleja una tendencia global de cierre informativo: gobiernos que apelan a la “seguridad” para restringir información de interés ciudadano.

LO QUE NO SE SABE (Y LO QUE DEBERÍA ACLARARSE)

• Si la medida contempla excepciones para casos urgentes, como violaciones de derechos humanos o investigaciones penales en curso.
• Quién decidirá qué denuncias quedan clasificadas como reservadas y bajo qué criterios.
• Si se publicarán al menos reportes estadísticos anuales para no dejar en la oscuridad a la ciudadanía.
• Qué sanciones se aplicarán si se vulnera la reserva, ya sea desde dentro de la PNP o por terceros.

CONCLUSIÓN
La resolución de la PNP que declara reservadas todas las denuncias policiales por cinco años constituye un escándalo institucional: no solo porque pone en jaque la transparencia, sino porque podría blindar la impunidad bajo el manto de la reserva. En un país donde la corrupción y los abusos policiales generan desconfianza, esta decisión se siente como una cortina de humo. Las instituciones democráticas, los periodistas y la ciudadanía merecen respuestas claras y salvaguardas firmes antes de que este silencio impuesto se convierta en norma.

FUENTES

• El Comercio – Política y Justicia
• IPYS – Instituto Prensa y Sociedad
• Infobae – Edición Perú
• Caretas – Política y Nacional