Argentina separa a la Iglesia del Estado y deja de pagar la asignación mensual a los obispos

​Argentina ha finalizado el proceso de desvinculación financiera entre el Estado y la Iglesia, poniendo fin al subsidio mensual a los obispos. Este cambio fue confirmado por la Conferencia Episcopal de Argentina, que a través de las redes sociales anunció que ya no recibirán fondos estatales previstos en la ley de la dictadura, a la cual la institución renunció en 2018.
El gobierno argentino ha cesado el pago mensual a los líderes católicos, una práctica que se mantuvo por más de cuatro décadas. La Conferencia Episcopal confirmó el martes que desde enero, ya no se beneficiarán del apoyo financiero establecido por la ley 21.950, vigente desde 1979 bajo la última dictadura militar. La Iglesia empezó a declinar este apoyo gradualmente en 2018, en medio del debate nacional sobre el aborto y la separación Iglesia-Estado.
El comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina indica que el último día laborable de diciembre de 2023 marcó el fin del proceso de renuncia a la asignación mensual establecida en la ley 21.950. Durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, esta ley determinaba que los prelados recibieran el 80% del salario de un juez nacional de primera instancia, con un monto mensual de aproximadamente 55.000 pesos argentinos (64 dólares), una cifra que no se había actualizado en años.
A pesar de que la Constitución argentina de 1853 establece el apoyo del Gobierno federal al catolicismo y aproximadamente el 75% de la población sigue esta fe, las reformas constitucionales y políticas gubernamentales han ido distanciando al Estado de la Iglesia. Sin embargo, aún existen leyes de la época de la dictadura (1976-1983) que mantienen el financiamiento estatal a la Iglesia.
El debate sobre el aporte continuo del Estado a la Iglesia católica cobró especial relevancia en 2018. Bajo el gobierno conservador de Mauricio Macri, mientras se debatía la legalización del aborto, la Iglesia ejercía presión para evitar la aprobación de la ley de aborto, que finalmente se sancionó en 2020. Durante esos debates, se informó que en 2018 el Estado transfirió más de 130,4 millones de pesos a la Conferencia Episcopal.
El proceso de renuncia de la Iglesia a este apoyo financiero comenzó en ese contexto, buscando reemplazar los aportes estatales con fondos de solidaridad de las comunidades y fieles. Este gesto simbólico representó un paso hacia una mayor independencia de la Iglesia del poder político.
El cese de las asignaciones se concretó bajo el gobierno de Alberto Fernández. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto permitió a arzobispos y obispos retirados por edad o invalidez solicitar individualmente el beneficio de la asignación, que actualmente asciende a 98.000 pesos. El reciente gobierno de Javier Milei, de tendencia ultraderechista, no intervino en el proceso, pero ha acogido positivamente la noticia, alineándose con su enfoque de austeridad y libertad de culto, según el vocero presidencial, Manuel Adorni.