BOLUARTE PROMULGA LEY QUE PERMITE CENSURA PREVIA Y AMENAZA LA LIBERTAD DE PRENSA EN EL PERÚ

Dina Boluarte promulgó la Ley N.º 32301, presentada como un instrumento para “fortalecer” la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), pero que en la práctica habilita un sistema de censura previa. La norma exige a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y proyectos con financiamiento externo inscribirse en un registro especial antes de publicar cualquier informe, artículo o documento, bajo amenaza de multas de hasta 2,6 millones de soles o la suspensión de actividades.

ANTECEDENTES Y ALCANCE DE LA NORMALa APCI se creó en 2002 como entidad autónoma encargada de canalizar la cooperación internacional no reembolsable y de promover proyectos de desarrollo. Con la Ley 32301, se añaden dos requisitos principales:

1. Registro obligatorio: Toda ONG, medio de comunicación o institución que reciba recursos de agencias extranjeras debe inscribirse en el “Registro de Financiados Externos” de la APCI, aportando información detallada sobre montos, plazos y beneficiarios.
   
2. Revisión previa de contenidos: Antes de publicarse, cada material—sea informe de investigación, infografía o video—debe someterse a un proceso de evaluación de “alineación con la agenda nacional”, que puede durar hasta 30 días hábiles.
   

Estos procedimientos extraadministrativos reproducen mecanismos de censura previa declarados inconstitucionales en 2007, al chocar con los derechos consagrados en los artículos 2° (1) y 2° (4) de la Constitución, que protegen la libertad de expresión y el secreto profesional.

IMPACTO EN LA LIBERTAD DE PRENSALa obligación de presentar guiones, borradores y presupuestos antes de la difusión limita gravemente la labor periodística. El proceso retrasa la publicación de revelaciones sobre casos de corrupción, abusos de poder y problemáticas ambientales, erosionando el principio de inmediatez que distingue al periodismo de investigación.
En la práctica, muchos medios pequeños carecen de la infraestructura y del equipo jurídico necesarios para atender los requerimientos administrativos de la APCI. Esto incrementa el riesgo de autocensura: redacciones completas evitarán abordar temas delicados para no exponerse a sanciones económicas y a procesos administrativos que podrían extenderse indefinidamente.

COMPARACIÓN INTERNACIONAL Y ANÁLISIS TÉCNICOMecanismos similares de registro y autorización previa han sido implementados por Estados autoritarios en Venezuela, Nicaragua y Turquía. Técnicamente, combinan:

• Procedimientos administrativos sumarios: Permiten la suspensión de actividades sin garantía de debido proceso.
  
• Sanciones económicas desproporcionadas: Multas calculadas en función del presupuesto del proyecto, no de la gravedad de un eventual incumplimiento.
  
• Discrecionalidad amplia: La definición de “intereses nacionales” queda en manos del Ejecutivo, sin parámetros claros ni criterios objetivos.
  

En el ámbito jurídico peruano, la Ley 32301 se enfrenta a vicios de forma y fondo: choca con el principio de reserva de ley (artículo 103°) y con el derecho al debido proceso (artículo 139°). Especialistas en derecho constitucional recomiendan recurrir al Tribunal Constitucional y, de ser necesario, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para interponer demandas de inconstitucionalidad y medidas cautelares.

DESAFÍOS Y PROPUESTASPara revertir este retroceso, organizaciones de la sociedad civil plantean:

• Suspensión inmediata de la aplicación de los artículos más gravosos.
  
• Revisión participativa del reglamento de la APCI, incluyendo audiencias públicas con medios y ONG.
  
• Implementación de plataformas digitales transparentes, basadas en tecnología de registro distribuido, que garanticen visibilidad de datos sin filtros discrecionales.
  

Sin estas acciones, la prensa independiente y las ONG perderán las pocas herramientas legales que aún preservan la rendición de cuentas en el país.

Fuentes consultadas:

• Ojo Público
  
• Varieties of Democracy (V-Dem)
  
• Freedom House
  
• Human Rights Watch
  
• Transparencia Internacional