CONGRESO ROMPE LA NEUTRALIDAD ELECTORAL: CONGRESISTAS PODRÁN HACER CAMPAÑA CON DINERO PÚBLICO

El Congreso de la República ha publicado la Resolución Legislativa 001-2025-2026-CR, que incorpora el Artículo 25-A al Reglamento del Parlamento, eliminando la obligación de que los congresistas mantengan la neutralidad durante el periodo previo a las elecciones generales de 2026. Esta modificación les permite “expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad”.
Este cambio fue aprobado luego de que la Comisión de Constitución lo avalara, y tras un episodio de reconsideración en el Pleno: el 15 de agosto el dictamen no logró los votos suficientes, pero cinco días después, el 20 de agosto, se sometió nuevamente y esta vez obtuvo mayoría.

LO QUE PERMITEN — Y LO QUE NO
Lo que ahora se permite:

• Los congresistas podrán utilizar sus funciones públicas para expresiones que claramente favorecen ideologías, partidos, programas o postulaciones. Es decir, pueden hacer proselitismo “blando” o explícito, sin que esto sea considerado una violación del deber de neutralidad.
• En particular, podrán hacerlo incluso durante las semanas de representación (los viajes mensuales que los congresistas realizan a sus regiones con fondos del Estado), lo que abre la puerta al uso de recursos públicos para actividades de campaña.

Lo que no permite:

• No se habilita el proselitismo durante las sesiones del Pleno ni en comisiones si el congresista forma parte de ella, salvo que solicite licencia sin goce de haber.
• La restricción no se aplica si los congresistas toman la licencia correspondiente, cosa que les permitiría participar en sesiones partidarias o actos políticos ajenos a sus responsabilidades legislativas sin infringir lo que estipula esta norma.

MOTIVACIONES DECLARADAS Y CRÍTICAS AL BORDE DEL ESCÁNDALO

Argumentos de quienes lo impulsan:

• El presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría (Fuerza Popular), sostuvo que la disposición busca fortalecer la representación política, pues consideran que la función parlamentaria es política por esencia y que los legisladores deben poder defender sus posiciones ideológicas sin tapujos.
• Se habla de que se trata de “optimizar el ejercicio de los derechos políticos de los parlamentarios”, fraseología que suena elegante, pero para muchos trae olores a ventaja partidaria.

Críticas y alarmas:

• Expertos en derecho electoral advierten que esta norma vulnera el principio de equidad en las campañas: algunos congresistas podrían usar presupuesto público, medios institucionales, o simplemente visibilidad institucional para favorecer candidaturas, lo que quiebra la igualdad ante la ley electoral.
• El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurado Electorales Especiales (JEE) podrían perder herramientas para sancionar actos que antes estaban claros como violaciones de neutralidad. Ya hay casos abiertos contra congresistas como José Luna, Cheryl Trigoso, Patricia Juárez, José Elías y Arturo Alegría, por presuntas infracciones a la neutralidad, que con esta norma podrían quedar impunes.
• Instituciones como el Colegio de Abogados de Lima habían rechazado iniciativas similares con antelación, alertando que modificar estos principios fundamentales afecta el estado de derecho y la legitimidad del proceso electoral.

ASPECTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS RELEVANTES

• La norma modifica el Reglamento del Congreso, no la Constitución, por lo que su constitucionalidad podría ser objeto de controversia ante el Tribunal Constitucional si alguien demanda su inaplicabilidad o lesividad con respecto a normas superiores.
• La publicación en El Peruano del texto legal (11 de septiembre de 2025) oficializa su vigencia para el día siguiente de dicha publicación.
• A nivel normativo superior, existe la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) y el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral del JNE, que regulan la publicidad estatal, propaganda electoral, y deber de neutralidad de las autoridades públicas. Esa normativa puede entrar en conflicto con las nuevas disposiciones del Congreso si se considera que los actos de congresistas pasan de ser interpretación permitida a infracciones sancionables.
• También está en juego el principio constitucional de igualdad de oportunidades, la garantía de procesos electorales transparentes, y que los recursos públicos no se utilicen con fines partidarios.

POSIBLES IMPACTOS PARA LAS ELECCIONES DE 2026

• Ventaja desleal: Legisladores en ejercicio podrían adelantarse en la campaña política, aprovechando su rol institucional, lo que pone en desigualdad a candidatos que no tienen ese rol.
• Dilución del deber de neutralidad: Lo que antes era norma clara, ahora se convierte en área gris, sujeto a la interpretación del juez electoral.
• Desconfianza ciudadana: La población podría percibir que se institucionaliza el uso político de lo público, lo que debilita la legitimidad de los comicios.
• Litigios e impugnaciones: Demandas ante el Tribunal Constitucional o ante instancias electorales si se considera que esta norma viola derechos o principios constitucionales.

CONCLUSIÓN
Este cambio reglamentario marca un hito peligroso en el andamiaje democrático del Perú. Lo que aparece como una simple modificación reglamentaria, en realidad podría significar una erosión del principio de neutralidad electoral, una ventaja para quienes ya están en el poder, y una sombra sobre la equidad electoral de cara a 2026. Si no surge una reacción institucional —JNE, organizaciones de derechos, sociedad civil—, este será otro ejemplo de cómo lo político y lo institucional se entrelazan para favorecer intereses partidarios bajo apariencia de legitimidad.

Fuentes:

• El Comercio
• Infobae
• RPP Noticias
• Comunicaciones Congreso
• Colegio de Abogados de Lima
• Diario Oficial El Peruano
• Jurado Nacional de Elecciones (JNE)