DEFENSORES AMBIENTALES BAJO AMENAZA EN PERÚ: BOLUARTE PRIORIZA ECONOMÍA SOBRE DERECHOS HUMANOS

A pocos días de la cumbre APEC, la presidenta Dina Boluarte anunció medidas aprobadas en el Consejo de Estado para fortalecer la seguridad nacional y apoyar a las fuerzas del orden. En el área de Crecimiento Económico, el Consejo, conformado por los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), reafirmó la necesidad de "rechazar las amenazas contra el modelo económico y la industria extractiva", considerándolas un riesgo para la seguridad nacional.
Este anuncio ha generado preocupación entre defensores ambientales, quienes en Perú enfrentan vulnerabilidades y carecen de protección legal. Según Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros, y José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental, las nuevas políticas podrían afectar derechos humanos y la libertad de expresión.

Impunidad para las Fuerzas del Orden:
Durante el anuncio, Boluarte indicó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán usar la fuerza en el cumplimiento de sus funciones, siendo juzgados en el fuero militar-policial. De Echave advirtió sobre las graves implicaciones de esta política, recordando que muchas personas han fallecido en conflictos sociales en zonas declaradas en estado de emergencia. Para él, estas medidas limitan la democracia y los espacios de expresión en el país. Vásquez señaló que las declaraciones de Boluarte reflejan un enfoque autoritario, que reduce la posibilidad de manifestación ciudadana y fomenta impunidad en las fuerzas del orden.

Peligro para los Defensores del Medio Ambiente:
Un informe de Global Witness reveló que entre 2012 y 2023, al menos 58 defensores ambientales fueron asesinados en Perú, en su mayoría en áreas rurales. La falta de protección legal deja a estos activistas expuestos a amenazas, agresiones y asesinatos. Vásquez y De Echave advirtieron que las medidas anunciadas podrían incrementar la criminalización de la protesta social. Según Vásquez, el gobierno prioriza la actividad extractiva sobre los derechos fundamentales de las comunidades.

Casos Similares en Otros Países:
Este tipo de medidas que limitan derechos ciudadanos en nombre de la seguridad nacional también se han implementado en otros países, generando críticas de la comunidad internacional. Por ejemplo, en Brasil, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, los defensores ambientales y las comunidades indígenas se enfrentaron a una reducción en la protección legal, mientras que la explotación de recursos en la Amazonía aumentó considerablemente. Según Human Rights Watch, la retórica del gobierno incentivó la violencia y la impunidad contra ambientalistas y comunidades indígenas que se oponían a la deforestación.
En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte aprobó en 2020 la Ley Antiterrorista, que permite etiquetar a activistas y defensores de derechos humanos como "terroristas", exponiéndolos a una mayor criminalización y a represalias del Estado. La organización Amnistía Internacional advirtió que esta ley es una herramienta para acallar a los defensores de derechos humanos, incluidos activistas ambientales que luchan contra la minería y la tala ilegal.
Asimismo, en Colombia, uno de los países con mayor número de asesinatos de líderes ambientales y sociales, la falta de protección efectiva y la estigmatización de los defensores ha creado un entorno hostil. Human Rights Watch señala que el Estado colombiano, aunque afirma proteger los derechos humanos, no logra controlar la violencia en áreas donde existen proyectos extractivos, resultando en un alarmante nivel de impunidad.
Estos precedentes subrayan los riesgos de implementar políticas que prioricen la "seguridad nacional" y el crecimiento económico sobre los derechos y libertades de los ciudadanos, especialmente de aquellos que defienden el medio ambiente y los derechos humanos.