MARIO CABANI ACUSA A DINA BOLUARTE DE MENTIR AL PAÍS Y ANUNCIA DEMANDA JUDICIAL POR DIFAMACIÓN

El cirujano plástico Mario Cabani Ravello, médico de confianza de la Presidencia, remitió el pasado 11 de junio una carta notarial a la presidenta Dina Boluarte, exigiendo una rectificación pública. En el documento, Cabani dice haber sido difamado por declaraciones oficiales y exige que la mandataria exprese “la verdad completa” sobre las intervenciones estéticas a las que fue sometida la jefa de Estado en junio de 2023. El cirujano advierte, además, que de no hacerlo, iniciará una demanda por difamación conforme a los artículos 128 y 129 del Código Penal peruano, que sancionan la imputación de hechos indebidos con hasta tres años de prisión.

DECLARACIONES DE CABANI: DETALLES TÉCNICOS
Cabani ratificó que Boluarte se sometió a cinco intervenciones quirúrgicas, una funcional y cuatro estéticas:

• Rinoplastia con septoplastia funcional
• Blefaroplastia inferior transconjuntival bilateral
• Injerto graso en surcos nasogenianos y mejillas
• Colocación de hilos de sustentación facial absorbibles

A diferencia del argumento oficial que reducía el tratamiento a una "cirugía funcional", el registro operatorio revela que la intervención duró 2 horas y 25 minutos (21:15–23:40 del 28 de junio de 2023) bajo anestesia local y sedación intravenosa.
Técnicamente, el procedimiento no puede considerarse menor: la blefaroplastia transconjuntival, por ejemplo, requiere incubación y cuidado oftálmico intensivo, y los injertos grasos y hilos de sustentación exigen precisión quirúrgica y recuperación supervisada. Cabani recomendó, además, dos noches de internamiento, contraviniendo la versión de alta rápida en menos de 40 minutos.

INVESTIGACIONES PENALES Y PARLAMENTARIAS
​La Fiscalía abrió una indagación por presunta omisión de funciones y abandono del cargo, por no informar al Consejo de Ministros, ni al Congreso sobre su ausencia prolongada. La Constitución exige permiso congresal para ausencias mayores a cinco días, lo que no se cumplió en este caso.
En paralelo, la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Juan Burgos (Podemos Perú), citó en diciembre a Cabani —y nuevamente en marzo 2025— para que declare sobre las fases pré, intra y post operatorias, los actores médicos y, sobre todo, si la recuperación implicó inhabilitación total de sus funciones. En ambas ocasiones, el cirujano no se presentó ni justificó su ausencia.
El congresista Burgos ha solicitado la ampliación de facultades a comisión investigadora, dado que la fiscalización actual carece de la autoridad para imponer comparecencia. Según él, “la presidenta tiene derecho a una cirugía estética, pero no a mentirle al Perú”.

COLABORACIÓN EFICAZ Y CRUCE DE FAVORES
En marzo, medios locales señalaron que Cabani estaría optando por una figura de colaboración eficaz ante la Fiscalía, entregando registros y documentos que prueban las cinco operaciones, la ausencia de facturación y el envío de cartas notariales con exigencias de pago.
Además, se difundió un correo del 3 de agosto de 2023 en el que Cabani supuestamente solicitaba favores: empleos en EsSalud y Sedapal para allegados a cambio de las cirugías. Este supuesto trueque de favores carece hasta ahora de respaldo documental oficial, aunque alimenta sospechas sobre tráfico de influencias.

RESPUESTA OFICIAL Y REACCIÓN POLÍTICA
Tras declaraciones recientes, el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, ha calificado las acusaciones de “fantasiosas” y se ampara en el secreto médico, invocando la protección legal de la privacidad. No obstante, parte de esta información —en especial el registro operatorio oficial— ya fue entregada a la Fiscalía por orden judicial.
Paralelamente, parlamentarios de oposición reaccionan con énfasis: podrían presentar una moción de vacancia por incapacidad moral, y también una interpelación a miembros del Ejecutivo presuntamente implicados. La presidenta de EsSalud, María Elena Aguilar, ha negado cualquier vínculo indebido con Cabani reiterando que “colaborará con la Fiscalía” en caso lo requiera.

IMPACTO POLÍTICO Y TÉCNICO

1. Impacto político: los niveles de aprobación de Boluarte están en mínimos históricos (cercanos al 3 %) y el caso añade leña al fuego, alimentando la percepción de una gestión con doble rasero.
2. Análisis técnico legal: si la difamación prosperara, Cabani debe probar perjuicio en su honor, y la presidenta demostrar la veracidad de sus aseveraciones. La colaboración eficaz podría reducir responsabilidades penales, a cambio de información clave.
3. Pericia forense: el certificado operatorio —que detalla duración, anestesia, procedimientos técnicos usados— refuerza lo narrado por Cabani, y puede contradecir versiones oficiales.
4. Constitucionalidad: el periodo de ausencia sin permiso legislativo vulnera normas del artículo 117 de la Constitución, que impone obligatoriedad de notificación congresal.

¿QUÉ VIENE AHORA?

• Continuará el litigio: Cabani inició la acción legal; el Poder Judicial deberá admitirla o archivarla en los próximos meses.
• Se espera nueva citación legislativa: con poderes ampliados, quizá Cabani (o su abogado) comparezca esta vez.
• La Fiscalía sigue recabando prueba, con llamadas a otorrinolaringólogos y enfermeras participantes en las intervenciones, buscando esclarecer si hubo omisión real de funciones.

FUENTES

• Infobae Perú
• El Comercio
• Hildebrandt en sus Trece
• La República
• Congreso de la República del Perú
• Ministerio Público del Perú
• Constitución Política del Perú
• Código Penal del Perú