MINERÍA INFORMAL CONTRAATACA: EXCLUIDOS DEL REINFO BLOQUEAN CARRETERAS Y CERCAN EL CONGRESO

​El 30 de junio de 2025, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ejecutó la depuración del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) según lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 012‑2025‑EM y la Resolución Directoral Nº 0004‑2025‑MINEM/DGFM. Se cancelaron 50 565 fichas suspendidas por más de un año sin avances, dejando solo a 31 560 pequeños mineros y mineros artesanales con inscripciones vigentes o suspensiones menores a 12 meses.
El Reinfo, vigente desde 2017, fue diseñado como mecanismo temporal para articular a la minería informal dentro del marco legal. No obstante, múltiples prórrogas lo convirtieron en un registro inflado, con muchas fichas inactivas o sin sustento técnico.

EXCLUSIÓN POR NO CUMPLIR CRITERIOS MÍNIMOS
​La exclusión no fue arbitraria. Según el Minem, los mineros excluidos no presentaron el Instrumento de Gestión Ambiental (IGAFOM), no entregaron su declaración de compromiso o no demostraron actividad minera reciente en campo. El viceministro Martín Esparza Zúñiga recalcó que la depuración responde “a criterios técnicos definidos en la normativa vigente”.
Además, el 90 % de los excluidos llevaba más de cuatro años sin avances y muchos ni siquiera operaban en zonas autorizadas. Con ello, el Minem busca dejar un registro viable, con actores que realmente desean formalizarse.

QUÉ IMPLICA QUEDARSE DENTRO
Los 31 560 mineros con inscripción vigente o suspensión reciente seguirán en el proceso hasta diciembre de 2025, fecha límite según la Ley Nº 32213, que prorroga la rectoría del Minem en formalización minera. Asimismo, se activarán incentivos y mecanismos de trazabilidad minera contemplados en dicha norma.
En paralelo, el Estado fortalecerá las acciones de interdicción contra la minería ilegal, con operaciones similares a las desplegadas en Pataz, donde existe una mesa multisectorial para regular la actividad.

IMPACTO Y RIESGOS SOCIALES
La medida no estuvo exenta de conflictos. En La Libertad, más de 200 transportistas quedaron varados en bloqueos en Pampa de la Julia y Shorey Alto, impulsados por mineros artesanales en protesta. También se registraron cierres en Cerro Blanco, distrito de Laredo, por ronderos y comunidades locales.
En Lima, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) instaló un campamento en la Av. Abancay, frente al Congreso y luego al Minem, exigiendo la derogatoria del Decreto 012‑2025 y la aprobación de la Ley MAPE, que busca establecer un nuevo registro estatal (Renapma) y reactivar a los excluidos.
Empresarios y gremios como la SNMPE advierten sobre “escalar el conflicto”, alertando que los manifestantes podrían provocar incidentes violentos o buscar victimización pública.

DESAFÍO TÉCNICO Y MEDIOAMBIENTAL
La depuración también responde a un problema estructural: el insustentable padrón del Reinfo facilitaba la minería ilegal. Según estudios, la minería ilegal genera el 22 % de la producción aurífera, evade unos USD 305 millones en impuestos anuales y contamina extensamente con mercurio y cianuro.
La formalización, vía IGAFOM y trazabilidad, promueve buenas prácticas: uso controlado de químicos, protección de cuencas y reforestación. A su vez, permite fiscalización efectiva y administrabilidad territorial.

CATALIZADOR PARA NUEVA NORMATIVA
El Congreso ha planteado la Ley MAPE, que permitiría un nuevo registro (Renapma) y la reincorporación de los excluidos. Se espera debate el martes 8 de julio en la Comisión de Energía y Minas. Aunque Confemin considera que solo la derogatoria del DS 012 permitirá reingresos por miles.
Este escenario abre interrogantes: ¿servirá para ordenar legalmente la minería artesanal o incentivará más protestas y tensiones sociales?

CONCLUSIÓN
La depuración del Reinfo marca un giro significativo en la política minera peruana: elimina a más de 50 000 fichas inactivas, garantiza un proceso de formalización serio y permite focalizar recursos en quienes realmente avanzan. Sin embargo, los desafíos sociales siguen vigentes: protestas, demandas legislativas y riesgo ambiental motivan una estrategia que debe equilibrar orden, justicia y sostenibilidad.
El éxito dependerá de la capacidad del Estado para combinar control territorial, asistencia técnica, aprobación normativa oportuna y fortalecimiento institucional para una minería responsable, inclusiva y con valor agregado.

Fuentes:
La República
Perú Informa
Perú21
Semana Económica
IIMP
Wikipedia