El pasado 25 de abril, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República el proyecto de ley 1840 que planteaba un referéndum para decidir si se convocaba a una Asamblea Constituyente. Se trataba de incorporar un artículo a la constitución que permitiría consultar a al población sobre la elaboración y aprobación de una nueva Constitución y planteaba hacerlo el mismo día de las Elecciones Regionales y Municipales 2022; pero fue rechazado. Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, logró la aprobación de su propuesta para archivar el proyecto de ley suscrito por Pedro Castillo. Precisó en el decreto de archivo que el artículo 206 de la Constitución Política es una cláusula de intangibilidad. Y, por tanto, representa “la única regla democrática que el propio poder constituyente ha fijado para la modificación de su obra”. Y en ese sentido, señaló el pasado 6 de mayo que “el Congreso de la República no puede realizar alteraciones a dicho principio. Ya que estaría invadiendo competencias que le están vedadas. Asimismo, señala que el poder constituyente ha establecido la ruta democrática y constitucional que debe seguir cualquier tipo de reforma constitucional, sea parcial o total”. Cambios exprés a la Constitución y amenazasSin embargo, tal como lo precisan los especialistas, la Comisión de Constitución está modificando, de manera exprés, 53 artículos de un total de 206. Es decir, el 25%, por lo que “se han convertido de facto en la Asamblea Constituyente que tanto repudian”. Entre las modificaciones, está el retorno a la bicameralidad, que se aprobó por “amplia mayoría”, con 13 votos a favor, 5 en contra y una abstención. Lo que significa cambiar 51 artículos y añadir 2 más. Y como lo hacen ver otros especialistas, en el predictamen sobre la bicameralidad, algo que no tiene nada que ver, es el cambio del Artículo 99. Con esta modificación, los miembros del JNE, ONPE y Reniec pueden ser removidos de su cargo por el Congreso. Y el Artículo 82, que eliminaría la autonomía del Contralor, al ser elegido por el Congreso. Quizás por eso, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, este viernes amenazó al JNE diciendo que “sus días están contados”. Esto ocurrió luego que el máximo organismo electoral enviara una carta a la Mesa Directiva del Congreso, pidiéndole deje sin efecto lo actuado por la Comisión Investigadora de las Elecciones Generales 2021, que preside Montoya, por graves afectaciones constitucionales y convencionales. Más aún cuando en el propio informe final de la comisión, Jorge Montoya concluye que el jurado emitió resoluciones jurisdiccionales en estricto cumplimiento de la Constitución, leyes y el reglamento en materia electoral. Pese a ello, recomienda iniciar procesos constitucionales y penales contra las autoridades electorales. Bicameralidad se rechazó y no se ha consultado a los peruanos si se quiere reelecciónComo se recuerda, el resultado del referéndum realizado en 2018, rechazó la bicameralidad por casi 14 millones de votos. Sin embargo, las bancadas de los partidos que rechazan la consulta sobre una Asamblea Constituyente, son las mismas que buscan aprobar sin mayor debate público un conjunto de reformas que “rompen el diseño institucional y el equilibrio de poderes”, según especialistas. Se trataría de convertir al Congreso en una especie de “superpoder” o “el primer poder”, tal como lo aseguró Jorge Montoya, falsamente, el pasado 12 de febrero. Esto, según diversos constitucionalistas, es inaceptable. Si bien el Congreso tiene atribuciones para hacer reformas constitucionales, no puede arrogarse el poder constituyente y modificar de forma radical la carta magna. Menos aún sin un amplio debate público al respecto. Es lo que correspondería considerando que en una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 47% de la ciudadanía está de acuerdo con algunos cambios a la Carta Magna. La fujimorista Comisión de ConstituciónPara la exministra de Justicia, Ana Neyra, entrevistada por La República, “es peligroso haber dado la Comisión de Constitución a un grupo que actúa según sus intereses”. Más aún afirma que, desde que ha iniciado sus funciones, “esta comisión se ha dedicado a aprobar todos los proyectos de un sector del Congreso”. Como se sabe, esta comisión es presidida por la fujimorista, Patricia Juárez Gallegos. La exfuncionaria puso como ejemplo la manera exprés como se aprobó, el pasado martes 7, un predictamen para retornar a la bicameralidad, lo que implica modificar medio centenar de artículos de la Carta Magna y permite la reelección inmediata de los parlamentarios (algo que también fue rechazado de manera expresa en el Referéndum de 2018). En ese sentido, y tal como lo anunció Patricia Juárez, para el periodo anual de sesiones 2021-2022, la Comisión conformó un Consejo Consultivo, ad honorem. Entre quienes lo integran están la asesora legal de Fuerza Popular, Lourdes Flores Nano, Delia Revoredo, César Delgado-Guembes, Óscar Urviola, Ernesto Álvarez, Natale Amprimo. También, Carlos Blancas, Alberto Borea, Domingo García Belaunde, Víctor García, Enrique Ghersi, Gustavo Gutiérrez, Carlos Hakansson, Delia Muñoz y Beatriz Merino, entre otros.
Lo último: Patricia Juárez deberá elaborar un proyecto de reforma total de la ConstituciónEl Poder Judicial, a través del Segundo Juzgado Civil de Apurímac que despacha el juez Roger Choque Ripa, admitió a trámite la demanda de acción de cumplimiento que interpuso el ciudadano Mateo Ccerare Pariona, contra la Comisión de Constitución del Congreso presidida por la fujimorista Patricia Juárez, con el objetivo que elabore un proyecto de reforma total de la Carta Magna. Ccerare Pariona pide que se cumpla lo dispuesto en Ley 27600, con la que se suprimió la firma del exdictador Alberto Fujimori de la Constitución. “Cumpla la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, en el plazo de 3 días, proponga un proyecto de ley de reforma total de la Constitución Política del Estado, tomando en cuenta el texto de la Constitución de 1979, en cumplimiento al artículo 2 de la Ley 27600″, requiere. También se solicita al tribunal que ordene que en el mismo plazo se apruebe un cronograma de “debate nacional; asimismo un cronograma de eventos académicos y/o fórums y/o conversatorios, con amplia difusión y discusión de las propuestas del cambio constitucional, en cumplimiento al artículo 3 de la Ley 27600″. Esta resolución se emitió el 8 de junio y establece un plazo de 10 días para que el grupo que preside Juárez responda la demanda. Finalmente, el juez Roger Choque Ripa programó la audiencia única para evaluar la demanda de acción de cumplimiento, el 15 de agosto de 2022. Fuente: Semanario El Buho (Junio 12, 2022)
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