Irán hasta el Poder Judicial y Tribunal Constitucional para frenar golpe a la reforma universitaria

Una semana después de que el Pleno de Congreso aprobara, en primera votación, el dictamen que debilita el rol fiscalizador de la Sunedu, esta entidad anunció que acudirá al Poder Judicial (PJ) para presentar una acción de amparo por este y otros proyectos de ley vinculados a la denominada contrarreforma universitaria. “Esta cuestión de amparo es por la amenaza de cambiar toda la reforma de la educación superior y las reglas de juego de la Sunedu”, dijo el superindente Oswaldo Zegarra.

Lo previsto es que esta demanda, la cual puede abrir las puertas a una medida cautelar y así paralizar temporalmente el avance de estas iniciativas, sea interpuesta esta semana ante un juez constitucional. “Será contra algunos proyectos que, me parece, no son los más adecuados para la reforma. No defendemos cuestiones personales. Este consejo directivo tiene larga trayectoria, no buscamos privilegios”, añadió.

La medida se suma a las acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) que alistan los 39 legisladores que votaron en contra del dictamen que “restablece la autonomía” y que incorpora a representantes elegidos por las 

universidades al Consejo Directivo de la superintendencia. Esto se concretará si el Pleno lo aprueba en segunda votación, según la congresista Flor Pablo.

A su vez, el titular de la Sunedu también ha pedido al presidente Pedro Castillo, quien aún no ha manifestado su posición oficial, y al Consejo de Ministros que revisen los proyectos que buscan el retroceso de la reforma y, de ser el caso, los observe.

“Con el ministro (de Educación) hemos tenido conversaciones muy cercanas y creo que como buen político no quiere tomar una decisión pública, pero ha mostrado su deseo de mantener la calidad de la educación superior y eso conlleva a un compromiso que me parece importante”, agregó Zegarra.

No obstante, como lo informó La República, el jueves pasado, en la víspera de que el Consejo de Ministros evalúe el dictamen, el titular del Minedu sostuvo una reunión con los rectores a favor de estos cambios, como Jeri Ramón, de San Marcos; así como con la ASUP, grupo opositor a la Ley Universitaria.

La estrategia legal
Hasta el cierre de la edición, la Sunedu no confirmó la presentación de la acción de amparo. No obstante, dada la naturaleza de estos procesos, el abogado constitucionalista Luciano López estima que podría tratarse de una demanda en defensa del derecho a la calidad universitaria de los estudiantes. “Probablemente estén pensando en paralizar el trámite de esta ley que está ad portas de dictarse”.

Esta acción, primero, debe ser admitida; luego pasar por una primera instancia. Quien pierda en esta tendrá el derecho a apelar en la segunda. “Solo si la resolución (en esta etapa) es desfavorable al demandante; en este caso la Sunedu, tendrá el derecho a llevar el caso al TC, el cual lo resolverá”, indica López.

Añade que una vez que la demanda es admitida, la Sunedu puede presentar una medida cautelar, con la cual se paralizarían los procesos en trámite. Esta podría ser su estrategia. “Por otro lado está la acción de inconstitucionalidad, que solo la pueden hacer determinados funcionarios como el presidente de la República o el 25% del número legal de congresistas, pero el escenario actual me parece bastante riesgoso. Basta que dos magistrados digan “no” y se cayó el tema”, afirma López.

“Quieren capturarlo”
Por otro lado, el superintendente señaló que el dictamen que cambia la Sunedu ha sido promovido bajo el eslogan engañoso de restablecer la autonomía, pero esconde “un propósito más oscuro y plagado de intereses”. “No quieren eliminar al ente regulador, quieren capturarlo y mantenerlo como si nada hubiera pasado, no adscrito al Minedu, sino como ente autónomo aislado. Piensan mantener la ilusión de que están siendo supervisados, cuando en realidad ellos estarían supervisando a sí mismo”, agregó.

Además, calificó de “absurdas” las afirmaciones de la rectora de San Marcos, Jeri Ramón, quien empuja esta iniciativa de Renovación Popular, Perú Libre y Fuerza Popular.

Por su lado, Aurelio Ochoa, miembro del Consejo Directivo, reiteró que sus designaciones no solo se dan por concurso público, sino también con la evaluación del Consejo Nacional de Educación (CNE). Su colega Víctor Peña se mostró a favor de que el proceso sea, incluso, a nivel internacional y cuestionó la elección por voto universal.

Falta la segunda votación
En tanto, la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, calificó este dictamen de “polémico” y subrayó que falta la segunda votación, lo cual deja abierta la posibilidad de que se elabore un texto sustitutorio, que retorne a la Comisión de Educación o no se apruebe. “Es lo que normalmente sucede cuando (la votación) está tan ajustada”.

Exigen que retorne a Comisión
Dieciocho universidades, entre ellas las públicas San Agustín de Arequipa, la de Huancavelica, la Jorge Basadre de Tacna y Toribio Rodríguez de Mendoza, han emitido un nuevo pronunciamiento en el que invocan al Congreso que el dictamen retorne a la Comisión de Educación.
El Consejo Nacional de Educación ha mostrado una posición técnica contraria a la iniciativa. “La mayoría congresal votó en días pasados anteponiendo intereses particulares al interés común”.

Asimismo, la Federación de Estudiantes del Perú respalda el rol fiscalizador de Sunedu, aunque señala que hay deficiencias en la gestión. Pide un nuevo proyecto en el que se incorpore a estudiantes en el Consejo Directivo.

El TC negó el pedido de supervisión de sentencias vinculadas a la Sunedu presentado por docentes de la PUCP. También presentarían una acción de amparo.

Fuente: La República.