Es por ello que en la resolución del 13 de setiembre el fiscal solo dispone la recepción de la declaración del procurador público del Parlamento, quien debe precisar qué área o quiénes estaban a cargo de la entrega de la información que fue denegada. Y es aquí que el caso cobra relevancia y puede alcanzar directamente al presidente de la comisión especial encargada del concurso público para el TC, congresista José Balcázar. Responsabilidades Como se recuerda, durante este concurso, José Balcázar se negó a entregar los informes de la Contraloría sobre los postulantes, haciendo caso omiso a dos resoluciones del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información. Es más, al cierre del proceso, antes de la votación para la elección en el pleno del Congreso, Balcázar entregó los informes de la Contraloría pero censuró casi el 90% de toda el contenido. Es decir, incumplió en forma reiterada con la Ley de transparencia de acceso a la información pública. Especialistas consultados sobre el tema explicaron que, sobre la marcha, el Ministerio Público tendrá que establecer los mecanismos necesarios para derivar el caso, en parte, a la Fiscalía de la Nación, para abrir investigación directamente contra los parlamentarios responsables; entre ellos, José Balcázar. El caso surge en virtud a las solicitudes de acceso a la información tramitadas por el autor de este informe, en el marco de la cobertura periodística del concurso para el TC. En la respuestas denegatorias del Congreso hay documentación con la firma de José Balcázar denegando la entrega de la información. Ahora la fiscalía tendrá que establecer las posibles responsabilidades. La República buscó las declaraciones del congresista de Perú Bicentenario José Balcázar, pero al cierre de esta nota no respondió nuestras llamadas. Balcázar fue candidato para presidir el Congreso, pero sin éxito. Antes integró la bancada de Perú Libre, pero se separó para formar su propio bloque. Para la exministra de Justicia Ana Neyra, es importante que haya este tipo de consecuencias, como una indagación fiscal, cuando el Congreso no cumple fallos del Tribunal de Transparencia. Mientras que el abogado penalista Juan Carlos Portugal considera indispensable que la Fiscalía identifique a las personas a cargo y así destapar la estructura de funcionarios que se resistieron a la autoridad. Indagación en curso Resolución con la que el Ministerio Público inicia las pesquisas contra el concurso para el TC. Fuente: La República.
0 Comments
El Ministerio Público sostiene que Alvarado integra una organización criminal que favorece con obras a empresarios cercanos al presidente Pedro Castillo y su familia. Para Alvarado, estos hechos no lo desacreditan como ministro. Su acción de amparo, además, apela al debido proceso. Es decir, considera que mientras no tenga sentencia el Congreso no puede destituirlo por estar involucrado en casos de corrupción. Usa la presunción de inocencia para frenar un proceso que le compete al Congreso y, así, quedarse en el gabinete y conservar su inmunidad. Sin embargo, pese a todo, ayer temprano Alvarado fue censurado en el pleno: 94 congresistas votaron a favor, 14 en contra y 8 se abstuvieron. Las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú apoyaron su remoción. Mientras que las demás bancadas de izquierda intentaron protegerlo. En Cambio Democrático, en el bloque conformado por Juntos por el Perú-Nuevo Perú, tres congresistas respaldaron la censura a Alvarado: Edgar Reymundo, Sigrid Bazán y Ruth Luque. Ahora el presidente Castillo tiene tres días para hacer jurar al nuevo titular del MTC. La demanda de amparo, según los juristas Ana Neyra y Jorge Adrián Zúñiga, ya no podrá revertir la decisión del Congreso. Por razones de fondo y de forma. “Sucede que la demanda de amparo no detiene efectos, solo una medida cautelar (puede hacerlo)”, precisó la exministra de Justicia Ana Neyra. Y el recurso interpuesto por Alvarado no incluye una solicitud de cautelar. Así más adelante el Poder Judicial falle a favor del censurado ministro, el veredicto del Parlamento ya no se revertirá. “No hay posibilidad de retroactividad. Él hubiera pensado en una medida cautelar, pero ya es imposible (que tenga efecto)”, puntualizó el abogado Jorge Adrián Zúñiga. A eso se suma que el Congreso aún no es notificado por el Poder Judicial respecto a la demanda presentada por los abogados del extitular de Vivienda. Así lo confirmaron a La República fuentes de la Procuraduría de esta institución. Por lo pronto, la Fiscalía ha pedido el impedimento de salida del país para él (la audiencia donde se definirá esto será el miércoles 21 de setiembre, a las 10 horas) para evitar que se fugue como su antecesor Juan Silva, hoy aún prófugo. Migraciones emitió ayer por la noche la alerta correspondiente. Percy Ipanaqué, abogado de Alvarado, no descarta entregar el pasaporte de su patrocinado. La próxima censura Mientras eso, las bancadas de Avanza País y Renovación Popular alistan otra moción de censura. En el hemiciclo, en paralelo a la votación de la destitución del aún titular del MTC, estas agrupaciones recolectaban firmas para un pedido de destitución contra el ministro del Interior, Willy Huerta. El Congreso interpeló a Huerta el 7 de setiembre por los cambios en los altos mandos de la Policía Nacional del Perú, que presuntamente responden al interés del presidente Castillo por evitar que el Equipo Especial de la PNP, que colabora con la Fiscalía de la Nación, encuentre al sobrino del mandatario, Fray Vásquez Castillo, y al prófugo exministro Juan Silva. De concretarse esta medida contra Huerta, sería el séptimo ministro en caer en menos de dos años del gobierno de Castillo. Claves Seis censurados. En lo que va del gobierno de Pedro Castillo, son seis los ministros censurados: Carlos Gallardo (Educación), Hernán Condori (Salud), Betssy Chávez (Trabajo), Dimitri Senmache (Interior) y Geiner Alvarado (Transportes). Giro. Chávez fue censurada en Trabajo, pero ahora dirige Cultura. Fuente: La República.
|
|||||||||
