Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación al 2030 (POLCTI)

Decreto Supremo que aprueba la Estrategia Multisectorial para contribuir a la Reducción de la Pobreza Urbana, así como el Documento Técnico para su Piloto de Implementación

El periodista e investigador Julio Corcuera advierte sobre una alarmante realidad: la penetración de redes criminales en territorios rurales y urbanos en Perú, lo que obliga a los candidatos electorales a "negociar" con mafias para acceder a zonas controladas por estas organizaciones. Este fenómeno ya muestra consecuencias graves en regiones como Trujillo, Lima y las zonas cocaleras del VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro).
​
ARMAS, PROPAGANDA Y CULTURA CRIMINAL
Según Corcuera, el aumento en la facilidad de compra de armas, incluso a través de la dark web, ha favorecido a las mafias armadas. Además, estas organizaciones gestionan cuentas en redes sociales como TikTok —como el caso de "Los Pulpos" con más de 30 cuentas y decenas de miles de seguidores— desde donde ofrecen saludos por encargo, organizan eventos comunitarios (como chocolatadas junto a la policía) y glorifican su presencia.
Esta "propaganda criminal" no sólo busca intimidar, sino también construir un vínculo social con la comunidad, reemplazando en muchos casos la presencia del Estado. En Trujillo, por ejemplo, han llegado a realizar actos públicos con castillos de fuegos artificiales, a pocas cuadras de una comisaría.

EXTORSIÓN EN EL TRANSPORTE: ESTADO PARALELO
La extorsión es un modo fundamental de financiación criminal. En Lima se quintuplicaron las denuncias entre 2021 y 2023: de aproximadamente 4 510 a más de 22 000 reportes. En Trujillo, bandas como "La Nueva Jauría" y facciones de "Los Pulpos" amenazan colectiveros y taxistas para obligarlos a pagar "cupos" diarios a cambio de “no interferencias” o protección. Este modelo reproduce cadenas delictivas sofisticadas con roles definidos: desde identificadores de víctimas hasta sicarios.
Tanto en Lima como Trujillo, estas economías ilícitas han generado un estado paralelo, donde el Estado legal tiene un poder limitado. La minería ilegal y el narcotráfico financian estructuras paralelas de poder con ingresos anuales de miles de millones de dólares, fortaleciendo la economía criminal y debilitando el control estatal.

NARCOCANDIDATOS Y POLÍTICA SUBVERTIDA
A mediados de 2024, se identificaron al menos 124 “narco‑candidatos” registrados en diversas regiones, especialmente en áreas productoras de coca como el VRAEM. Además, se ha señalado que partidos como Alianza para el Progreso y Fuerza Popular concentran la mayoría de estos postulantes.
Un caso emblemático es el del gobernador de Loreto, investigado por haber recibido financiamiento de un clan narcotraficante local. Estos nexos facilitan el acceso a contratos de obras públicas para el lavado de dinero y legitiman a los grupos en la comunidad mediante asistencia social y presencia en festividades.

INDICADORES TÉCNICOS Y ESTADÍSTICOS

• En 2024, Perú registró cerca de 1 493 homicidios hasta octubre, una cifra récord en la última década.
• El sistema abierto de transporte informal en Lima realiza más de 18 millones de viajes diarios, operados por 365 empresas, muchas de las cuales son extorsionadas en un promedio del 40 %.
• La minería ilegal genera cerca de 3 000 millones de dólares anuales, fortaleciendo las finanzas de las mafias.

CONSECUENCIAS ELECTORALES
La infiltración criminal incide directamente en los procesos electorales. Según organismos internacionales, muchos candidatos con nexos al narcotráfico son electos en regiones cocaleras. El jefe de DEVIDA ha solicitado listados completos de candidatos ligados al narcotráfico para transparencia, aunque los avances judiciales aún son limitados. Reformar la fiscalización y regulación electoral es un desafío urgente.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

1. Fortalecimiento institucional: inteligencia policial con personal especializado.
2. Reformas en el financiamiento de campañas: prohibir aportes anónimos y fortalecer la fiscalización por parte de la ONPE.
3. Recuperación del tejido social: intervención comunitaria estatal con programas de prevención y cultura ciudadana.
4. Sanciones ejemplares: mayor celeridad en el sistema judicial y penas más severas para delitos de crimen organizado, lavado de activos y corrupción política.

CONCLUSIÓN
El diagnóstico de Corcuera revela una realpolitik dramática: los candidatos ya no sólo compiten por ideas, sino también por dominios territoriales bajo control criminal. La agenda nacional, por tanto, debe incluir reformas estructurales para desarticular estas redes y garantizar elecciones limpias. El Estado debe recuperar su presencia en cada rincón del país, o seguirá cediendo espacio a las mafias.

FUENTES:

• Ojo Público
• Insight Crime
• El País
• Infobae
• DEVIDA
• ONUDD
• INEI