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¿Cansancio que no se va, barriga que crece aunque no comas mucho, sueño liviano, irritabilidad, presión alta “sin causa clara”? Detrás de este cóctel silencioso suele esconderse un enemigo discreto pero poderoso: el estrés crónico y la elevación prolongada de la llamada “hormona del estrés”, el cortisol. No se ve en el espejo ni suena ninguna alarma, pero las investigaciones muestran que vivir años con esta hormona disparada aumenta el riesgo de enfermedad cardiaca, diabetes, problemas de memoria e incluso algunas enfermedades neurodegenerativas.
QUÉ ES LA “HORMONA DEL ESTRÉS” (CORTISOL) El cortisol es una hormona producida por unas pequeñas glándulas que están encima de los riñones y forma parte de un sistema de alarma que conecta el cerebro con el resto del cuerpo para responder al estrés. Ante una situación exigente (un susto, una fecha límite, una discusión), ayuda a subir la presión, liberar azúcar en la sangre y mantener la mente más despierta para “sobrevivir” al reto. En condiciones normales, su nivel sube de manera natural por la mañana para ayudarnos a despertar y, a lo largo del día, va bajando para permitir que el cuerpo se relaje y se prepare para dormir. Esta curva diaria forma parte de nuestro reloj biológico interno, que también regula el sueño, la temperatura corporal y muchas otras funciones. CUANDO EL ESTRÉS NO SE APAGA El problema aparece cuando esa respuesta de emergencia se convierte en modo de vida. Preocupaciones económicas constantes, jornadas interminables, conflictos familiares, noticias alarmantes y pantallas encendidas hasta la madrugada mantienen al organismo en un “modo alerta” que nunca termina. En esas circunstancias, el cortisol puede permanecer elevado o desajustado, y eso deja de ser una ayuda puntual para convertirse en un desgaste continuo. A largo plazo, esta desregulación se asocia con cansancio extremo, insomnio o sueño muy ligero, dificultad para concentrarse, aumento de grasa abdominal, presión alta y alteraciones del azúcar en la sangre. Estudios han observado que el estrés crónico, junto con una dieta rica en azúcares y grasas, facilita la acumulación de grasa alrededor de la cintura y favorece la resistencia a la insulina. También se relaciona con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y con cambios en zonas del cerebro involucradas en la memoria y el estado de ánimo, con peor rendimiento en pruebas cognitivas en personas con niveles altos de cortisol. En otras palabras: el estrés crónico no solo “te agota”; lentamente reprograma tu cuerpo para enfermar más. HÁBITOS QUE AYUDAN A BAJAR EL ESTRÉS Y ORDENAR EL CORTISOL La buena noticia es que existen medidas sencillas, basadas en evidencia, que ayudan a que el estrés baje y el cortisol recupere su ritmo natural. Entre las más importantes destacan:
CUÁNDO EL ESTRÉS EXIGE ATENCIÓN MÉDICA No todo cansancio ni todo aumento de peso se deben al cortisol, y tampoco todo estrés se resuelve solo “cambiando el chip”. Existen enfermedades en las que esta hormona está muy alta o muy baja por causas internas del organismo y que requieren evaluación médica, análisis de laboratorio y tratamientos específicos. Se recomienda consultar a un profesional de la salud cuando el cansancio es extremo y persistente, aparecen cambios bruscos de peso sin explicación, la presión arterial se mantiene alta, el sueño está gravemente alterado o el estado de ánimo se ve muy afectado durante semanas. Solo un médico puede descartar problemas hormonales más serios y orientar si se trata principalmente de estrés crónico, de otra condición o de una combinación de factores. En definitiva, el estrés es una respuesta natural que, en dosis adecuadas, nos protege, y el cortisol es una pieza central de ese sistema de defensa. El riesgo surge cuando normalizamos vivir permanentemente en alerta: esa alarma interna fue diseñada para sonar minutos, no años. Cuidar el sueño, la exposición a la luz, los descansos y la manera en que gestionamos las preocupaciones es, hoy más que nunca, una cuestión de salud pública. Fuentes consultadas :
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¿Hay responsabilidad en el Gobierno Regional de Arequipa por no ejecutar medidas preventivas ante lluvias y huaicos?Las intensas lluvias, huaicos y desbordes de torrenteras que han afectado recientemente a la ciudad de Arequipa han generado no solo daños materiales y pérdidas humanas, sino también un fuerte debate sobre la responsabilidad de las autoridades en la prevención del riesgo de desastres.
La discusión se intensificó luego de que diversos medios regionales informaran que existía un estudio técnico elaborado años antes que advertía sobre los riesgos de inundación en la ciudad, el cual habría sido remitido al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) durante la actual gestión regional. El documento al que se hace referencia es el estudio denominado “Protección ante el peligro de inundaciones en la ciudad de Arequipa”, desarrollado en el marco de un convenio con la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Este estudio técnico habría sido elaborado entre 2021 y 2023 y comprendería más de veinte volúmenes de análisis técnico, donde se identificaron zonas vulnerables a desbordes de torrenteras y posibles inundaciones. Según reportes periodísticos difundidos por medios locales, entre ellos el portal El Búho, el estudio advertía que más de 180 mil personas podrían encontrarse en situación de riesgo ante eventos extremos de lluvia, además de identificar infraestructura pública vulnerable, como centros educativos, establecimientos de salud y dependencias policiales ubicadas cerca de torrenteras o quebradas. LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS En el plano institucional, la principal entidad cuestionada es el Gobierno Regional de Arequipa, encabezado actualmente por el gobernador regional Rohel Sánchez Sánchez, quien asumió el cargo en enero de 2023 tras ganar las elecciones regionales de 2022. De acuerdo con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N.º 27867), el gobernador regional es la máxima autoridad ejecutiva de la región y dirige la política regional en materia de infraestructura, planificación territorial y gestión del riesgo de desastres. Sin embargo, en la estructura administrativa del gobierno regional, las decisiones técnicas y operativas también recaen en diversas dependencias, entre ellas:
¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ESTUDIO? Según lo publicado en medios regionales y documentos citados por especialistas, el estudio habría sido entregado al Gobierno Regional de Arequipa en 2023, con el objetivo de que sirviera como base para formular proyectos de prevención y control de inundaciones. Entre las medidas que suelen derivarse de este tipo de estudios se encuentran:
Además, se ha señalado que el documento habría sido devuelto a la entidad que lo remitió por razones administrativas vinculadas al convenio que permitió su elaboración, lo que ha generado cuestionamientos sobre si se perdió una oportunidad para impulsar medidas preventivas. Hasta el momento, no existe una resolución judicial ni una investigación concluida que determine responsabilidades, por lo que cualquier eventual responsabilidad debe entenderse en términos presuntos y sujetos a verificación administrativa o fiscal. EL MARCO LEGAL DE LA PREVENCIÓN DE DESASTRES En el Perú, la prevención de desastres está regulada principalmente por la Ley N.º 29664, que creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). Esta norma establece que todas las entidades del Estado —incluidos gobiernos regionales y municipales— tienen la obligación de:
POSIBLES RESPONSABILIDADES SI SE CONFIRMAN OMISIONES Si en el futuro una auditoría o investigación determinara que existieron omisiones en la gestión del estudio técnico o en la adopción de medidas preventivas, podrían evaluarse distintos tipos de responsabilidad. Responsabilidad administrativa: La Contraloría General de la República podría investigar si hubo negligencia en el cumplimiento de funciones por parte de funcionarios regionales. Las sanciones administrativas pueden incluir:
Responsabilidad civil: Si se demostrara que la falta de prevención agravó daños materiales o económicos, podrían plantearse demandas de responsabilidad patrimonial del Estado, en las que el Estado podría ser obligado a indemnizar a las víctimas. Responsabilidad penal: En escenarios posibles, el Ministerio Público podría analizar delitos como:
UNA DISCUSIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN Más allá de las responsabilidades individuales que eventualmente puedan investigarse, especialistas en gestión pública señalan que el caso refleja un problema recurrente en el país: la escasa implementación de políticas de prevención frente a desastres naturales. En el Perú existen numerosos estudios elaborados por entidades técnicas como:
LO QUE VIENE Tras las recientes lluvias y huaicos en Arequipa, es probable que se impulsen:
Fuentes:
Los candidatos deberían tener estos temas en la mira si realmente quieren devolver esperanza de progreso para los peruanos.
La SUNAT no los recauda, pero nos cuestan. Y mucho. Ni el Congreso ni el Ejecutivo los decretaron, pero su inacción los convierte en una carga aún más pesada que cualquier tributo formal. Son impuestos silenciosos que nos obligan a modificar nuestro comportamiento y que, como suele ocurrir, golpean mucho más a unos que a otros. Lo más escandaloso: mientras el Estado debate nuevas leyes tributarias, estos cobros invisibles ya están desangrando el bolsillo de millones de familias peruanas cada día. Para empezar, me refiero al "impuesto" que significa la falta de seguridad que enfrentan los ciudadanos, el mismo que se ha convertido en un costo permanente para los peruanos. Usar el transporte público con riesgo de quedar en medio de una balacera, operar una bodega o manejar un taxi puede ser obligado a realizar un "pago" para operar. Pago que es a cambio de ninguna seguridad, ni derecho ni reclamo, y siempre con la posibilidad abierta de que sean más de uno los que quieran extorsionarte. EL VERDADERO COSTO DE LA INSEGURIDAD Las consecuencias de este "impuesto" son brutales: quienes lo sufren empiezan a dudar si vale la pena mantener abiertos sus negocios, ya que el costo de este "impuesto" no necesariamente se puede transferir a otros. Piensa en una bodega que no puede subir sus precios por el temor a que sus clientes prefieran ir a un supermercado que no es sujeto de esas extorsiones. Según estimaciones del propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el costo económico que genera la inseguridad en el Perú equivale a aproximadamente el 1,7% del PBI de 2025, es decir, alrededor de S/ 19,800 millones. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra equivale a prácticamente todo el presupuesto anual del sector Educación y supera ampliamente al del Ministerio del Interior. Incluso el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calculó que en 2022 el costo de la inseguridad en Perú superó los S/ 30,000 millones. La Cámara de Comercio de Lima también alertó que el costo anual de la inseguridad ya supera los S/ 20,000 millones, afectando a todos los sectores: bodegueros, panaderos, ferreteros, peluqueros, transportistas. Entre 2021 y 2024, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes mostró un incremento sostenido en la mayoría de regiones, con una pérdida acumulada en la actividad productiva de entre S/ 6,060 millones y S/ 6,618 millones. Además, el 75% de los hogares peruanos reporta estrés o ansiedad asociados a la violencia, el 55% evita salir de noche y el 33% lleva menos efectivo por temor a robos. Estos cambios de comportamiento reducen el consumo, afectan la productividad laboral y desincentivan la inversión privada. EL "IMPUESTO" DEL TIEMPO EN EL TRANSPORTE Un segundo "impuesto" que se hace mucho más presente en las ciudades es el tiempo que los ciudadanos toman para trasladarse. Este impuesto invisible golpea mucho más a quienes viajan en transporte público. Esas horas en tránsito son de nula productividad, no le producen ingresos al trabajador, le restan horas de descanso y deterioran la salud física y mental. Los números son alarmantes. Según TomTom Traffic Index, Lima ocupó en 2024 el primer lugar mundial en tiempo perdido en hora punta, con 155 horas anuales. Un pasajero promedio en Lima o Arequipa pierde más de 6 días completos al año atrapado en el tráfico en hora punta, un 80% más que en Santiago de Chile. Los trabajadores de distritos periféricos de Lima pierden hasta 3 horas diarias en transporte, y ese tiempo perdido, valorizado al salario mínimo por hora, representa una pérdida equivalente al 36% de la remuneración mínima vital. El costo económico de este tiempo perdido no es menor: en 2025, el IPE estimó que la congestión generó pérdidas de S/ 4,116 millones solo en Lima, S/ 380 millones en Arequipa y S/ 279 millones en Trujillo, sumando en conjunto el 0.4% del PBI. El tiempo de transporte en el Perú se disparó 57% en 14 años, con los traslados diarios entre hogar y trabajo superando en promedio 1.3 horas en zonas urbanas. Eso es tiempo que no se vive en familia, no se descansa, no se estudia y, desde luego, no se produce. EL "IMPUESTO" DE LA SALUD PÚBLICA ROTA El tercer "impuesto" es la promesa vacía de una salud pública gratuita. Si las personas que deberían recibir medicamentos gratis deben usar sus escasos recursos para pagarlos en una farmacia, están pagando un impuesto que no les corresponde pagar. Si un asegurado de EsSalud tiene que pagar de su bolsillo para ser operado, o hacerse un examen porque el tomógrafo del hospital está malogrado, entonces es como si estuviera pagando un "impuesto oculto". Los datos técnicos confirman la gravedad del problema. El gasto de bolsillo per cápita en salud ascendió a S/ 444 anuales en 2023, un aumento que se explica por el colapso del sistema durante la pandemia del que el país todavía no se recupera. De ese gasto, S/ 275 correspondieron a atenciones médicas sin cobertura efectiva y S/ 169 a compra de medicamentos. Más revelador aún: 6 de cada 10 soles que las familias peruanas gastan directamente en salud se van en medicamentos. Aunque la cobertura de aseguramiento alcanzó el 90.8% en 2024, esta expansión no se tradujo en menor presión financiera para las familias. Las personas no aseguradas gastan en promedio el doble que las que sí tienen seguro, y las familias gastan un promedio de S/ 1,500 al año solo en productos farmacéuticos. UNA DEUDA POLÍTICA QUE NADIE QUIERE ASUMIR Esa suma de "impuestos" deteriora la capacidad de consumo, de inversión, de progreso, sobre todo de las familias de menores ingresos. Los candidatos deberían tener estos temas en la mira si realmente quieren devolver esperanza de progreso para los peruanos. Resulta inadmisible que el Estado exija el cumplimiento puntual de tributos formales mientras permite —por omisión, desidia o incapacidad— que los ciudadanos sigan pagando estos cobros paralelos que ninguna ley aprobó pero que el mal gobierno ha instalado como una realidad permanente. Fuentes:
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