MINERÍA ILEGAL: POLICIA YA NO PODRÁ PROCESAR AUTORES DE ESTE DELITO NI INCAUTAR ARTÍCULOS ILÍCITOS3/22/2024 MINERÍA ILEGAL: DEROGACIÓN LEGISLATIVA Y SUS IMPLICACIONES
El Congreso peruano promulgó la Ley N.° 31989, publicada posteriormente en el Diario Oficial El Peruano, derogando la Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 1607, diseñado para combatir la minería ilegal en Perú. Preocupaciones y Consecuencias Ambientales Especialistas y activistas ambientales expresan preocupación por esta derogación, comparándola con la polémica Ley Antiforestal, al considerarla un respaldo al crimen organizado. Se teme un aumento en la deforestación, degradación ambiental y conflictos territoriales, especialmente en la Amazonía peruana. Impacto en la Aplicación de la Ley La nueva norma debilita la capacidad de la Policía Nacional del Perú (PNP) para enfrentar la minería ilegal, al revocar su facultad para actuar contra mineros con inscripciones suspendidas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y que utilicen materiales explosivos. Implicaciones Económicas y Sociales La minería ilegal ocasiona pérdidas económicas significativas, estimadas en 3,900 millones de dólares anuales y representa el 2.5% del PBI peruano. Afecta gravemente el medio ambiente, causando deforestación, contaminación de ríos con mercurio y violación de derechos humanos, incluida la trata de personas. Críticas y Advertencias Expertos advierten que la derogación fortalece el crimen organizado al reducir la capacidad de supervisión y fiscalización de las autoridades sobre la minería ilegal. Se critica la falta de acción del Poder Ejecutivo, que no objetó la ley a pesar de haber promulgado previamente el Decreto Legislativo derogado. Desafíos Futuros A pesar de los esfuerzos legislativos pasados, como el Decreto Legislativo 1105, la lucha contra la minería ilegal continúa sin resultados concretos. La falta de recursos y la corrupción obstaculizan la supervisión efectiva y la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala. La minería ilegal en Perú persiste como un problema multifacético que socava el medio ambiente, la economía y los derechos humanos. La derogación legislativa plantea serias preocupaciones sobre el futuro del país, fortaleciendo el crimen organizado y debilitando los esfuerzos para combatir esta actividad ilícita y sus devastadoras consecuencias.
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